Las trampas de la noche porteña

Las trampas de la noche porteña no cesan, acaso mutan su disfraz. A dos meses de la tragedia del boliche Beara, donde el 10 de septiembre pasado se derrumbó un entrepiso y mató a dos personas en el barrio de Palermo, no cesan las irregularidades en la Capital.

Mientras dos funcionarios fueron relevados de sus cargos, José Báez, director de Obras y Catastro, y Martín Farrell, director de Habilitaciones, las autoridades porteñas aseguran que en los últimos dos meses la Agencia Gubernamental de Control (AGC) realizó 2076 inspecciones en locales nocturnos donde suele haber actividad de baile y que, por las irregularidades detectadas, se clausuraron 139 sitios en ese lapso, más de dos por día. Pero 45 de ellos violaron la prohibición de abrir sus puertas.

Este dato revela dos aspectos preocupantes, amén de lo positivo de que la ciudad lleve adelante las inspecciones: sigue siendo alto el número de empresarios de la noche que incumplen las normas y es significativo el número de personas que hoy concurren a bailar a sitios no habilitados para tales fines y que no están resguardados bajo el "paraguas" de un Estado que debe ser garante de la seguridad.

Según una estadística oficial, en la ciudad hay 126 boliches habilitados para la actividad de baile (clase C), que tienen capacidad para albergar a 70.000 personas en una noche. Pero estiman que son más de 300.000 las personas que salen a bailar, por tanto, muchos de ellos concurren a sitios no permitidos para desarrollar esta actividad, como pubs, salones de fiestas privadas o viejas casonas. La pregunta es: si las autoridades saben la cantidad de sitios que desarrollan actividades no permitidas; ¿por qué no se clausuran? La respuesta es simple: la AGC cuenta con poco más de 200 inspectores para controlar la nocturnidad. Hacen clausuras, es cierto, pero éstas se violan con facilidad. ¿Alcanza con tan pocos inspectores para controlar toda la ciudad? No parece.

Un gran desafío tiene por delante el director de la AGC, Javier Ibáñez: coordinar un área que históricamente estuvo bajo sospecha, con permisos irregulares, preavisos a dueños de boliches sobre cuándo se concretarán las inspecciones, y terminar con un aceitado engranaje de corrupción en las habilitaciones temporarias.

Hoy, la trampa que moviliza a los empresarios de la noche para evadir las leyes es organizar fiestas privadas, convocadas por las redes sociales. Se hacen en amplias casas alquiladas, muchas veces de dos pisos, o en salones con fachadas de "peñas" o "casas de cultura regional". Son populares, se llenan de gente y funcionan de manera alternada en distintos puntos de la ciudad. Se cobra una entrada y también se venden consumiciones. No necesitan certificado de bomberos ni matafuegos ni salidas de emergencia. Todo vale en la ilegalidad, al precio de una tragedia latente.

"Es como la película del gato y el ratón: nosotros vamos persiguiendo a los promotores de la movida de la noche que, frente a la gran demanda insatisfecha de lugares para ir bailar en la ciudad, buscan otras variables para evitar controles", dijo Ibáñez.

Claro que no se trata de un problema de oferta y demanda que impone la sociedad. En todo caso, es más un problema de ausencia de responsabilidad. Una responsabilidad compartida entre un Estado aún con materias pendientes en cuanto a los controles que realiza y un mundillo empresario con varios exponentes en plena búsqueda de transgredir las normas. En medio de ese escenario ha quedado la gente que, peligrosamente, se estremece y desmorona con tragedias más que evitables.

Por Pablo Tomino
Especial para lanacion.com
@prtomino

Miércoles 10 de noviembre de 2010

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