Comparaciones odiosas

Dentro de un par de semanas se cumplirán cuatro años de otro de los mayores despropósitos institucionales producidos en la Argentina en el terreno socioeconómico: el copamiento del Indec y la politización de sus estadísticas.

No será un aniversario para celebrar, por más que quien tuvo a su cargo esa misión en enero de 2007 -Guillermo Moreno- siga gozando de buena salud política.

El polémico secretario de Comercio Interior ya dejó en piloto automático el índice de precios al consumidor del Indec, después de convencerse -y convencer al matrimonio Kirchner- de que resultaba más sencillo controlar el IPC que al universo de precios de la economía. No obstante, continúa ocupándose activamente de intervenir en los precios de un conjunto de empresas líderes. Para 2011 ya les comunicó que podrán ajustarlos en función de una escala fija de tres peldaños: 8% para productos de consumo masivo; 12% si se trata de intermedios y hasta 18% para los considerados premium. Esta segmentación hace que, a pesar de la mayor demanda y los controles, no falten productos en las góndolas; aunque los sustitutos de la primera categoría se paguen más caros, lo cual no es captado por el Indec. Contra lo que podría suponerse, las compañías afectadas dicen no estar conformes con este esquema; si bien facturan más, la rentabilidad les cae en las líneas de mayor consumo, donde los aumentos de costos -entre ellos los salariales- son superiores y se ubican generalmente fuera de la órbita de Moreno. Probablemente aquí podría encontrarse una de las razones por las cuales, a más de un mes de su anuncio, no despega el Pacto Social convocado por el Gobierno.

Con la manipulación de los índices de precios del Indec, la economía perdió una de sus principales brújulas. La inflación "oficial" pasó a ser la que al Gobierno le gustaría tener y no la real. Ni siquiera los funcionarios la toman en cuenta a la hora de fijar los ajustes de salarios en el sector público. Dentro de esta ficción, los valores de los productos que integran en el actual IPC pasaron a ser poco menos que un secreto de Estado, como si los consumidores no supieran lo que pagan. Y sus variaciones porcentuales un dibujo que causaría gracia, de no ser porque encubre el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos.

Según los datos oficiales, el nivel general del IPC registró para el período de 47 meses que va de diciembre de 2006 a noviembre de 2010 una suba acumulada de 37,8%, que en el rubro alimentos y bebidas se eleva a 39,5%. Esta variación equivale a casi una tercera parte de la mayoría de las estimaciones privadas. Según la consultora Finsoport, en los últimos cinco años la inflación minorista subió nada menos que 120%, o sea que si se descontaran 13 meses para hacer homogénea la comparación, no bajó en ese período de 110%.

Sin que pueda compararse con el índice general de precios, una variación similar arroja el seguimiento de una treintena de productos de consumo masivo que desde abril de 2007 se realiza periódicamente desde esta columna en la misma sucursal de una cadena líder de supermercados. En ese lapso de 45 meses (hasta diciembre de 2010), el costo de esa canasta fija trepó 132,6%, al pasar de 222,72 a 518,07 pesos.

Algunos precios en las góndolas ayudan a poner en perspectiva la magnitud de los aumentos. A comienzos de 2007, un kilo de pan francés costaba 2,09 pesos y hoy 9,99 (tuvo un incremento récord de ¡378%!). El kilo de azúcar pasó de 1,38 a 4,99 pesos (con un alza de 261,6%). Un paquete con ocho rollos de papel higiénico subió de 3,59 a 12,46 pesos (247%) y el de 140 servilletas de papel de 2,42 a 7,99 pesos (230%). El precio de un kilo de carne para milanesas (cuadrada), a su vez, lo hizo de 10,69 a 33,99 (217,9%) y el de carne picada especial (magra) de 10,99 a 32,50 pesos (195%). También el jamón cocido pasó de 23,35 a 62,50 pesos el kilo (167,6%) y porcentualmente subió algo menos que los fideos guiseros, que tuvieron un alza de 200,6%, ya que costaban entonces 2,35 pesos y ahora 7,07 el paquete. Las gaseosas de primera marca (en envase de un litro y medio) pasaron de 2,89 pesos a 6,84 (136%); la leche para bebes, de 1,52 a 3,79 (149,3%); el queso rallado, de 33,90 a 82,90 pesos el kilo (144,5%), y medio kilo de café envasado de 7,82 a 16,05 pesos (105%).

El misterio del Indec
Con estas alzas acumuladas de tres dígitos en productos de primera necesidad (y sin considerar otros productos y servicios), resulta un misterio determinar cómo el Indec calculó un incremento inflacionario inferior a 40% en los últimos cuatro años. Y de dónde el ministro Boudou sacó argumentos para afirmar que no afecta a los más pobres. Quien en ese período no logró duplicar largamente sus ingresos terminó perdiendo poder adquisitivo.

A esto debe sumarse que la suba de precios se aceleró en el último año. La misma canasta que hoy cuesta 518,07 pesos podía adquirirse en diciembre de 2009 a 383,73 pesos, o sea que tuvo un aumento de 35% en 12 meses. El ranking de mayores alzas porcentuales es encabezado por la carne picada (81,5%); jamón cocido (79%); azúcar (75%); papel higiénico (63,9%); milanesa cuadrada (61%); lomo de ternera (55%); leche para bebes (48,6%); queso rallado (48,3%); limpiador con amoníaco (44%); bananas (40%); fideos guiseros (38,9%); postre lácteo dietético (35,5%); pan francés (28,2%) y yerba mate (27,3%).

Aun así, hoy resulta un verdadero galimatías determinar el verdadero nivel de los precios en los supermercados. La proliferación de promociones por pagos con tarjeta de crédito y débito según el día de la semana; descuentos por cantidad (6 x 4; 2 x 1; el segundo producto al 70% de su valor); pagos en cuotas sin recargo; bonificaciones por marcas; cupones para acreditar a otras compras, etc., terminan por incentivar el consumo, pero hacen más difícil establecer cuándo se amplían o se sacrifican márgenes de comercialización.

Sin dudas la Argentina necesita un mayor refinamiento en la medición de precios, en lugar del burdo y nada transparente sistema que aplica el Indec, donde el retaceo de información es moneda corriente. También este cuadro supone todo un desafío para la innecesaria "asistencia técnica" solicitada al FMI, suponiendo que no se trata de una maniobra de distracción para ganar tiempo y dejar todo como está. Por lo pronto, la falsificación del IPC ya consagró un fraude estatal al alterar la cláusula de los títulos públicos ajustables por CER, que dejó a la Argentina al margen de los mercados financieros durante todos estos años.

No obstante, el mayor fracaso de la estrategia de falsificar la medición oficial de precios es que las expectativas suelen superar a la inflación misma. Una prueba es que la última encuesta de consumidores realizada por la Universidad Di Tella arroja para los próximos 12 meses una suba cercana al 34% anual. Otra, que buena parte de la sociedad considera un derecho adquirido el insostenible congelamiento de tarifas de energía y transporte en el área metropolitana, a costa de subsidios estatales cuyo monto (de 48.000 millones de pesos en 2011) equivale ya al gasto anual de todo el sistema (estatal y privado) de salud.

Néstor O. Scibona
Para LA NACION
nscibona@speedy.com.ar

Domingo 26 de diciembre de 2010

Fuente

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